El Gobierno de EEUU ha activado la aplicación del Título IV de la Ley Helms Burton y, por primera vez, en base a esta norma notificado la prohibición de entrar al país a responsables de empresas con negocios en Cuba sobre las que conste reclamación de ciudadanos estadounidenses por “tráfico” de bienes confiscados en Cuba ante la Foreign Claims Settlement Commission (FCSC).

Ignacio Aparicio, socio de Andersen Tax & Legal y director del Cuban desk de la firma, ha explicado en un artículo que publica El Periódico que, con el levantamiento de la suspensión del Título III de la Ley Helms Burton el pasado 17 de abril, que permite a los estadounidenses privados de sus propiedades por el Gobierno cubano tras la revolución castrista, demandar por daños ante las cortes federales de EE.UU. a quienes, de forma consciente y voluntaria, puedan estar haciendo uso de aquellos activos o se beneficien de los mismos, la Administración Trump también advirtió que empezaría a poner en funcionamiento el Título IV (nunca suspendido) y daría pasos claros en su implementación.

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