Las empresas familiares suponen el 57 % del PIB nacional. Representan en torno al 88 % del total de sociedades a nivel nacional. En el periodo prepandémico, cuando la «normalidad» era normalidad, creaban en torno al 67 % del empleo privado; más de 6,58 millones de puestos de trabajo. A raíz de la irrupción del COVID-19 el 50 % de ellas se vieron obligadas a hacer ERTE, recortando, como media, un 15 % sus plantillas.

Las empresas familiares son el motor del tejido empresarial de España. Y en estos tiempos de pandemia sigue luchando por mantener operativos los negocios. Su adaptación esta viniendo de expertos que ayudan a entender el nuevo marco normativo existente.

Para Yago Martos, socio del área Fiscal de Andersen, la empresa familiar sin duda se ha visto gravemente afectada por las secuelas que la pandemia está dejando en la economía. En concreto, como se desprende el informe de la encuesta de empresas familiares presentada en el XXIII Congreso de Empresa Familiar, un 82% de estas empresas han alterado drásticamente su estrategia de negocio y se han visto obligadas a realizar recortes de todo tipo para poder salir fortalecidas.

Para este experto, las empresas necesitan en estos momentos que los diferentes gobiernos “remen” a su favor y pongan en marcha los paquetes de medidas necesarias poniendo el foco y máxima atención en las empresas familiares y pequeños negocios.

Este jurista recuerda que en otros países de la UE están dando ayudas directas al comercio, y que llegan a cubrir porcentajes muy significativos de la facturación perdida por la crisis, ayudas al alquiler de los negocios, así como demás gastos fijos, prestamos ICO con una amortización de 10 años.

Junto a ellas, destaca las reducciones de IVA para fomentar el comercio, consideración de pérdidas a aquel stock que tuviera acumulado de las temporadas en las que fue obligatorio el cierre, exenciones en venta online y un sinfín de posibles medidas que sin duda aliviarían para atravesar la situación actual.

Sobre las subidas fiscales destaca que, el nuevo marco normativo fiscal, lejos de contribuir a la continuidad de las empresas familiares y facilitar la superación de la crisis, limita y pone trabas a su supervivencia, obstaculizando la recuperación económica que tanto necesita España.

Este fiscalista pone un ejemplo, «se ha limitado al 95% la exención aplicable en el Impuesto sobre Sociedades a los dividendos y plusvalías derivadas de la transmisión de participaciones, reguladas ambas en el artículo 21 de la Ley del IS y actualmente aplicable al 100%».

De la forma que actualmente están estructurados la mayoría de los Grupos Familiares, en las que existe una sociedad dominante y varias dependientes, incluso a diferentes niveles, «esta reducción de la exención tendrá un efecto multiplicador sobre el coste fiscal de los dividendos que ya han tributado en la entidad generadora del beneficio», advierte.

Martos también explica que, en empresas con alguna filial en el extranjero, y que después de ésta haber tributado en sede del país local, al repartir el dividendo a su matriz española, volverá a tributar parcialmente el dividendo, cuando hasta la fecha, cumpliendo determinados requisitos, quedaban totalmente exentos, penalizando por tanto la internacionalización de los Grupos Familiares españoles.

Yago Martos es partidario de homogeneizar a la baja los Impuestos de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, comenta que, ambos impuestos deben ser objeto de una profunda reforma y objeto de homogeneización entre comunidades autónomas, pero no al alza, sino a la baja.

A su juicio, carece de sentido tener que tributar por aquello por lo que un padre, por ejemplo, ya tributó en su día, o que el fallecimiento de un familiar cercano pueda suponer a sus herederos un auténtico quebradero de cabeza llegando en muchos casos a rechazar la herencia al no poder hacer frente al impuesto que grava a esta.

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