Publicación de Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Además de la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, la Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de justicia da un importante paso adelante en el Congreso de los Diputados En esta ley se crean los Tribunales de Instancia, las Oficinas de Justicia en el Municipio y las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, y se regula la especialidad de familia. También se introducen los medios adecuados de solución de conflictos (MASC), incluido el derecho colaborativo, como requisito de procedibilidad en una buena parte de los procedimientos civiles. Simultáneamente, se reforma el sistema de costas para introducir un nuevo concepto, el abuso del servicio público de justicia. Aún queda margen para la mejora del texto en la tramitación parlamentaria. Consejo General de la Abogacia Española Consejo General de Procuradores de España Consejo General del Poder Judicial (C.G.P.J.) Plataforma Familia y Derecho Federacion Española Derecho Colaborativo Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

El Congreso valida tres normas clave para la transformación de la Justicia

El Congreso valida la de Ley del derecho a la defensa y pasa al Senado El Pleno del Congreso de los Diputados ha validado hoy tres textos legislativos de gran importancia para la transformación de la Administración de Justicia: la Ley Orgánica del derecho de defensa, la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

✔ El Pleno del Congreso de los Diputados ha validado tres textos legislativos de gran importancia para la transformación de la Administración de Justicia: 🔘 la Ley Orgánica del derecho de defensa, 🔘 la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia 🔘 y las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

¿Se puede suspender la discusión de la reforma al Poder Judicial? El juicio de amparo tiene como objetivo resolver si un acto de autoridad es constitucional o no, pudiendo suspenderlo mientras el juicio está en trámite a fin de que no se ejecute y ya no haya marcha atrás. En los últimos días de agosto, jueces de Distrito de Morelos y Chiapas han ordenado la suspensión del debate en las cámaras respecto a la reforma al Poder Judicial en razón de que han recibido demandas de amparo donde señalan como acto reclamado y autoridades responsables las siguientes: - Al Presidente de la República: la iniciativa de reforma al Poder Judicial; - A la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados: la omisión de emitir dictamen respectivo dentro del plazo previsto; - A la Cámara de Diputados como Cámara de Origen: la omisión de declarar la caducidad del proceso legislativo de reformas a la Constitución Federal; y - Al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados: el proceso legislativo de reformas a la Constitución Federal. - Patricio Carrillo Cal y Mayor

Se publican las reformas a la #Ley de Amparo y Ley de Amnistía en el #DOF. Con los decretos publicados, se adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía que permite que por determinación exclusiva del presidente de la República, se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, en casos específicos. En lo que respecta a la Ley de Amparo, se adiciona un último párrafo al artículo 148, y se deroga el último párrafo del artículo 129. Con los cambios a la Ley de Amparo se prohíben las suspensiones con efectos generales contra leyes; esto significa que los jueces no podrán detener obras o normas de forma cautelar ante posibles violaciones a la Constitución, hasta que la norma modificada se declare inconstitucional. Sin lugar a dudas, un retroceso histórico, democrático y legal la anulación de la medida cautelar conocida como suspención en el juicio de amparo. #ReformaAlPoderJudicial

Hemos decidido impugnar la reforma al Poder Judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proceso está plagado de vicios legales y violaciones: la falta de respeto a suspensiones de amparo, los cambios irregulares de sede en ambas Cámaras, y la falta de oportunidad para que las nuevas legislaturas estatales pudieran abrir foros de discusión para un análisis profundo. Este viernes 13 de septiembre se llevarán a cabo las sesiones, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, para dar la declaratoria de reforma constitucional con los cambios al Poder Judicial, pero en Acción Nacional NO vamos a ser cómplices de este atropello a la justicia Acción Nacional no se prestará a esta simulación, y seguiremos señalando las inconsistencias que tiene esta reforma. No nos han escuchado, ni a nosotros, ni a la ciudadanía. MORENA y sus secuaces han ignorado y reprimido a estudiantes, académicos y trabajadores del Poder Judicial Dejamos muy en claro que nuestra ausencia no es desinterés, sino todo lo contrario, ya que somos una resistencia activa y firme ante este grave retroceso para el país La injusticia no se resuelve con impunidad. Se resuelve con propuestas, debate y la construcción de acuerdos. El presidente renunció al diálogo desde hace años, y eso afecta las iniciativas y reforma. Sin diálogo, no hay acuerdos; y sin acuerdos, México pierde Acción Nacional no permitirá que este abuso continúe. Vamos a luchar hasta el final, agotando todos los recursos legales y denunciando ante instancias nacionales e internacionales.

Nueva reforma a la Ley de Amparo… ¿nos beneficia? Recientemente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley de Amparo, modificando los artículos 129 y 148. Estas modificaciones eliminan la posibilidad de que, EXCEPCIONALMENTE, la suspensión del acto reclamado (normas generales) tenga efectos generales. Recordemos que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que garantiza los DERECHOS FUNDAMENTALES de los GOBERNADOS, equilibrando el poder de las autoridades y evitando actos arbitrarios o violatorios de la Constitución. ¿Entonces, nos beneficia esta reforma? Bueno, primero tengamos en cuenta la exposición de motivos (les dejo el link para su consulta), la cual indica que la reforma busca respetar el principio de relatividad de las sentencias, el cual sostiene que una sentencia de amparo no constituye una declaratoria general sobre la ley. Sin embargo, dicha exposición también se señala que en fechas recientes, la SCJN ha concedido suspensiones generales para proteger derechos colectivos. En mi consideración esta práctica, aunque criticada, refleja una evolución del derecho en casos excepcionales permitidos por la Ley de Amparo. La reforma argumenta que esto podría generar una superioridad del Poder Judicial sobre el Legislativo, pero, omite que el artículo 129 de la Ley de Amparo, antes de la reforma, se aplicaba solo en casos excepcionales y que la suspensión solo ayuda a preservar la sustancia del juicio de amparo y que no se ejecuten actos de imposible reparación (entre otros aspectos). Es decir, aunque en la exposición de motivos se alude al principio de relatividad de las sentencias, -el cual no se violaba antes de la reforma-, la reforma busca fortalecer al Poder Legislativo, limitando la capacidad del Poder Judicial para suspender normas generales, incluso cuando sea evidente su perjuicio. Esto parece ignorar el interés general y sugiere un retroceso en la protección de derechos humanos, sobre todo cuando en la proxima legislatura el Congreso de la Unión tendrá mayoría del pardido en el Poder. En conclusión, cualquier reforma que limite el juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa o gerene de facto un desequilibrio de poderes, representa un retroceso, restringiendo la capacidad de los ciudadanos para controlar el poder de las autoridades. ¿Tú que piensas? #leydeamparo #reformaleydeamparo

Morelos en el Centro del Radar Legal Nacional: ¿Amparo salvador del Poder Judicial? Con una resolución, la jueza Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, ha ordenado a la Cámara de Diputados no discutir la reforma judicial programada para este lunes. Este fallo, derivado del amparo 1251/2024, pone a Morelos en el centro del debate legal nacional. Esta resolución podría detener temporalmente el avance de una reforma que potencialmente afectaría la independencia judicial. La jueza otorgó el amparo a trabajadores que impugnaron el dictamen de la reforma, argumentando que la misma podría cesar a jueces federales sin derecho a audiencia ni indemnización. Esta decisión subraya, una vez más, cómo el juicio de amparo se erige como el contrapeso más socorrido en el balance de poderes en México, protegiendo los derechos fundamentales y la justicia. Con esta acción, una Jueza en Morelos demuestra su relevancia en la defensa de la independencia judicial y en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. #Amparo #Morelos #ReformaJudicial #DerechosHumanos #IndependenciaJudicial #ContrapesoLegal https://lnkd.in/gvYfW8NV

Comparto con ustedes una sentencia del Tribunal Constitucional en causa Rol 14.252-23, donde dicho órgano aborda con mayor profundidad la titularidad y ejercicio de derechos fundamentales por personas jurídicas públicas. A mi juicio, la sentencia contiene los siguientes criterios relevantes:  - La discusión sobre la titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas públicas no se encuentra zanjada, sino abierta (cons. 3º). - La titularidad de derechos fundamentales por personas jurídicas se admite en casos excepcionales y con especial rigor (cons. 6º). - Los órganos de la Administración del Estado solo podrían hacer valer en contra de otras entidades públicas (no se pronuncia respecto de particulares) algunos de los derechos fundamentales previstos en el artículo 19 de la Constitución, por ejemplo, el debido proceso (cons. 8º). - Los servicios públicos integrantes de la Administración del Estado – como es el caso del Servicio de Impuestos Internos – no podrían impugnar en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad un precepto legal que el Poder Ejecutivo contribuyó decisivamente a aprobar (cons. 12º).