El independentismo prepara un dispositivo que custodie el regreso de Puigdemont al Parlament

Los partidos y las entidades independentistas trabajan ya a pleno rendimiento en el diseño del dispositivo para el posible retorno de Carles Puigdemont. Es el cometido que salió de la reunión del pasado domingo en Waterloo liderada por el expresident y que consiguió reunir a representantes de ERC, la CUP, ANC y Òmnium. El objetivo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, es que, si hay pleno de investidura y Puigdemont decide cumplir con su promesa, se haga un "retorno de país" y miles de personas se movilicen para garantizar que el expresident pueda estar presente en el Parlament sin ser detenido antes.

Sobre la mesa tienen el esbozo de un dispositivo "multitudinario" y, aunque la concreción se aborda con total hermetismo, fuentes conocedores de las conversaciones aseguran que hay distintos planes encima de la mesa. Desde un regreso con total discreción que permita garantizar la llegada de Puigdemont al Parlament sin ser interceptado -el expresident siempre ha alardeado de tener distintas alternativas para lograrlo-, hasta una movilización que le custodie desde la frontera hasta la Cámara y que también garantice su salida. El primer objetivo, en todo caso, es que no sea detenido justo cuando cruce la frontera y pueda llegar a la institución.

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Hay quien recupera la referencia a la 'Operación Castell' que se llegó a planear para defender la declaración unilateral de independencia de 2017 con miles de personas bloqueando las calles colindantes con el Palau de la Generalitat y que nunca se llegó a activar, pero esta vez adaptado y aplicado a las inmediaciones del Parlament de cara al pleno de investidura. "Hay planes que pueden volver a tener vigencia, aunque el dispositivo del que se ha ido hablando muta en función del contexto", aseguran.

Y es que en ese encuentro en Waterloo, relevante por producirse tras años de contactos más bien escasos o improductivos dentro del independentismo, Puigdemont también comunicó su inquietud por su situación judicial en estos momentos.

Se ha dado carpetazo a la causa del Tsunami, pero el Tribunal Supremo ha tomado la decisión de no amnistiar la malversación en la causa del 1-O, lo que mantiene vigente la orden de detención nacional contra el líder posconvergente. En el caso de la supuesta trama rusa del 'procés', el juez lo acusa de alta traición, malversación y, ahora también, organización criminal. Y a todo ello se le suma que la semana que viene, el 16 de julio, se le acaba la inmunidad como eurodiputado una vez se constituya el nuevo Parlamento Europeo, momento a partir del cual habrá que ver si el juez Pablo Llarena se aventura o no a reactivar la euroorden para que sea extraditado por el delito de malversación.

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Ante toda esta olla a presión judicial, la cuestión es si Puigdemont regresará en un pleno en el que él sea el candidato a la investidura y que, pese a saber de antemano que será fallida porque el PSC no se abstendrá, sirva para volver a Catalunya por todo lo alto, o si se esperará a que Illa dé un paso adelante. También está por ver el cuándo y si podrá evitar o no la detención. Algunas fuentes de Junts aseguran tener marcado en rojo la última semana de este mes y la primera de agosto y, de hecho, el partido ya ha convocado un acto en el sur de Francia para el día 27 de julio. Desde la dirección posconvergente aseguran que el objetivo es conmemorar el cuarto aniversario de la formación, pero a nadie se le escapa que también servirá para exhibir músculo de cara al regreso.

El riesgo de detención

Con la situación actual, dentro y fuera del partido ya asumen que si trata de volver, ya no se expone a una detención técnica para entregar un requerimiento judicial, como se hizo con la exconsellera Clara Ponsatí, sino a un arresto en toda regla y posterior traslado a Madrid para ser puesto a disposición del juez Llarena, que podría decretar prisión preventiva. Se trata de un escenario que no se contemplaba, o al menos no con la certeza actual, cuando Puigdemont prometía una vez y otra en campaña que regresaría. "En la reunión del domingo admitió que estaba descolocado", aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones, y no faltó quien le pidió que quizá no debería arriesgar tanto. Pero él, por ahora, mantiene que quiere cumplir con lo prometido, por lo que el objetivo es intentar evitar una detención.

De momento, el president del Parlament, Josep Rull, ya ha activado la maquinaria parlamentaria para asegurarse que sigue vigente, y que tiene todas las garantías, el protocolo de la Cámara aprobado en 2017 para regular la entrada de la policía a la institución. Según este, solo él puede autorizar la entrada de agentes policiales dentro de la Cámara. También la ANC ya ha reconocido públicamente estar involucrada en los preparativos de retorno siempre y cuando trascienda a Junts como partido, mientras Òmnium se limita a confirmar que está "hablando con todo el mundo para evaluar posibles escenarios de las próximas semanas".

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El impacto sobre la investidura

Más allá de la logística que se idee para el retorno de Puigdemont, la respuesta policial puede tener un impacto directo en la investidura. En el caso de volver, hay tres cuerpos policiales que podrían actuar una vez cruzada la frontera: Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil. No es lo mismo que intervenga la policía catalana que el hecho de que lo hagan los cuerpos del Estado, puesto que parte del independentismo podría identificar esa actuación directamente con el Gobierno socialista y, por ende, señalar a Salvador Illa como partícipe.

Y es que, aquí, la gran paradoja recae de nuevo sobre ERC, que hasta ahora ha participado de las conversaciones para acompañar con movilizaciones el retorno de Puigdemont y, a la vez, está negociando un acuerdo con el PSC, una interlocución que asegura que avanza "a buen ritmo". El temor de los socialistas, que hasta ahora han tratado de quitar hierro al regreso de Puigdemont porque consideran que la sociedad catalana está "en otro momento", es que los republicanos se vean arrastrados por un eventual resurgimiento del independentismo en la calle, que en todo caso calculan que sería breve en el tiempo.

Así pues, lo que se diseña como un dispositivo en nombre de un regreso épico del president que se marchó a Bélgica hace siete años para esquivar las consecuencias judiciales del 1-O se convierte, a la vez, en una bomba de relojería que pondrá a prueba la robustez el vínculo que han tejido el PSC y ERC para explorar un acuerdo.

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