El equilibrismo del Gobierno sobre la financiación para Catalunya: entre apaciguar la ira de ERC y mantener la paz con sus barones

El Gobierno calienta motores para el arranque de curso más complicado desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, y lo hace tratando de frenar la onda expansiva que desatada por la financiación singular de Catalunya pactada por ERC y PSOE para investir a Salvador Illa. El verano ha amortiguado en parte el terremoto que ha supuesto el acuerdo a nivel interno, con duras críticas por parte de destacadas voces socialistas, y el Ejecutivo ha comenzado esta semana a intentar sembrar la calma entre los suyos, alejando la idea del concierto económico. Pero sus intentos no han hecho más que abrir un nuevo frente, después de que ERC amenazase con dejar caer al Gobierno si no cumplía lo pactado. Y si hace unas horas los ministros pedían "tranquilidad" a los territorios, ahora tienen que dividir esfuerzos y dirigirse también a los republicanos, reiterando su compromiso con el acuerdo y reduciendo el choque a un "debate nominal".

El año pasado a estas alturas se cumplía un mes de las elecciones generales y PSOE y ERC acababan de anunciar un acuerdo para dar a Francina Armengol la Presidencia del Congreso a cambio de permitir el uso de todas las lenguas cooficiales en el Congreso y de una ley para "para que el catalán sea lengua plenamente oficial en todas las instituciones del Estado, incluida la Justicia".

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Reposo del acuerdo

Por entonces la amnistía ya se situaba como el requisito de los republicanos para investir al líder del Ejecutivo y el PSOE comenzaba a explorar fórmulas para despenalizar el procés. Pero el acuerdo no se materializó hasta meses después, en noviembre, cuando los socialistas consumaban su giro y pactaban con ERC una ley de amnistía. Una ley de la que el propio Sánchez había renegado y que fue duramente cuestionada también a nivel interno pero que había tenido varios meses de digestión previa. Un tiempo de reposo que sirvió para asimilar lo que estaba por venir.

Después del acuerdo, desde Ferraz se centraron en hacer "pedagogía" para amainar el temporal que había despertado dentro del PSOE. Y el patrón esta vez parece repetirse, aunque con notables diferencias. La primera es la falta de tiempo y el escaso plazo de digestión que ha tenido este cambio de guion. La propia María Jesús Montero el pasado 15 de julio en el Consejo de Política Fiscal criticó la posibilidad de un concierto económico para Catalunya: "Habitualmente lo que ERC siempre ha planteado en esa reforma del modelo es una suerte de concierto económico para Catalunya. Yo no comparto el concierto económico para Catalunya, lo he dicho en múltiples ocasiones y así también lo ha expresado el PSC", aseguró entonces.

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Dos semanas después, PSOE y ERC firmaron un acuerdo para la "financiación singular" catalana fue presentado por los propios republicanos como un "concierto económico solidario", sin que desde el Gobierno salieran a enmendarlo. El pacto reconoce la "soberanía fiscal" de Catalunya con una "Hacienda catalana" que tendría el 100% de la recaudación y gestión de impuestos, además de un pago al Estado por la prestación de servicios -al estilo del cupo vasco- y una cuota de solidaridad.

De la tranquilidad al cumplimiento

La ministra de Hacienda reapareció este miércoles, tres semanas después, para comenzar la labor de "pedagogía", por la que Moncloa desliza que el nuevo sistema de financiación también beneficiará a otras comunidades, en una suerte de café para todos. Así, Montero quiso enviar "un mensaje de tranquilidad" a los distintos territorios, garantizando la "igualdad" entre todos ellos e insistiendo en la "solidaridad del acuerdo". Con este objetivo de apaciguar a los sectores críticos, la dirigente se resistió a dar carta de naturaleza al concepto de "concierto económico" defendido por ERC. ”El acuerdo del PSC con ERC no es ni un concierto económico ni una reforma al uso de la financiación”, defendió.

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Y esta es, precisamente, otra de las diferencias. Con la ley de amnistía, el PSOE centró su discurso en los efectos pacificadores que tendría la medida en Catalunya, pero asumiendo los términos planteados por el independentismo y hablando abiertamente de amnistía. En esta ocasión, al menos de momento, el Gobierno reniega explícitamente del concepto de "concierto económico", algo que sólo está contemplado en la Constitución para el País Vasco y Navarra, que suponen el 7% del PIB. Incluir a Catalunya, que representa el 20% del PIB, supondría un cambio sustancial que necesitaría como mínimo una ley orgánica de financiación autonómica (LOFCA) que a día de hoy tampoco cuenta con la mayoría ni siquiera dentro de la propia coalición de Gobierno, donde sectores de Sumar han avanzado que no apoyarán la medida.

Debilidad parlamentaria

Desde el Ejecutivo tratan de minimizar las divergencias y lo reducen a un "debate nominal", pero lo cierto es que la negativa del Gobierno a reconocer el concierto económico ha tenido varias consecuencias. La primera es que ha evidenciado la debilidad parlamentaria de Sánchez y su dependencia total de ERC, que este miércoles amenazaba con retirarle su apoyo para "buscar alternativas o convocar elecciones" en caso de que no implementara íntegramente lo pactado.

Este extremo llevó a que Moncloa tuviera que modular su mensaje. De intentar trasladar "tranquilidad" a los territorios a tranquilizar, unas horas después, al partido republicano. Distintos departamentos del Gobierno se esforzaron este jueves en repetir como un mantra el "compromiso con el cumplimiento del acuerdo", evitando eso sí poner nombre a lo acordado. "Reafirmo que nosotros cumplimos lo que firmamos. Lo cumpliremos al cien por cien. Es nuestro compromiso y somos gente seria", dijo el titular de Industria, Jordi Hereu. "Somos un Gobierno y un partido que cumple con lo que pacta, lo que firma y lo que es bueno para la ciudadanía", defendió Ana Redondo, ministra de Igualdad. Desde el ministerio de Hacienda trasladaban también su intención de cumplir "íntegro" el pacto.

Si en Moncloa buscaban apaciguar los ánimos antes del comienzo de curso político, su intento parece haberse vuelto en contra y ahora deberán afrontar no uno, sino dos frentes en las próximas semanas. El PSOE arranca el curso pendiente de celebrar un comité federal donde debatir el acuerdo, después de que Sánchez lo impusiera en contra de sus barones territoriales. Pero afronta además el principal reto legislativo del Gobierno, que consistirá en negociar y sacar adelante sus primeros Presupuestos de la legislatura, después de renunciar a los de 2024 por el adelanto electoral en Catalunya.

Y en este reto, ERC ya ha dejado claro que explotará su posición de actor necesario para marcar el camino al Gobierno y acusar su debilidad parlamentaria. Una situación que la oposición aprovecha para desgastar al Ejecutivo que, según recoge el acuerdo, tiene hasta finales de 2025 para materializar la "financiación singular" catalana. Un plazo que, de no cumplirse lo acordado, pone también fecha de caducidad a la legislatura.