El Reino Unido prohibirá el acoso de los antiabortistas a mujeres embarazadas en el exterior de los hospitales

El Gobierno británico ha confirmado este miércoles la entrada en vigor, el próximo 31 de octubre, de la norma que prohíbe el acoso de grupos antiabortistas a mujeres embarazadas frente a los hospitales de Inglaterra y Gales. La medida impedirá la concentración de estos grupos en un radio de 150 metros de los centros donde se practiquen abortos, bajo la amenaza de recibir multas con importe ilimitado. A partir de esa fecha será ilegal “hacer cualquier cosa que, de forma intencionada o temeraria, influya en la decisión de alguien de utilizar los servicios de aborto, los obstruya o cause acoso o angustia” a las personas que hagan uso de ese derecho o que trabajen en estos locales, según un comunicado del Ministerio del Interior.

El plan estaba incluido en la Ley de Orden Público, aprobada en el Parlamento británico en mayo de 2023, pero el anterior Gobierno conservador había retrasado su implementación. Algo que había permitido la movilización de grupos ultraconservadores y religiosos frente a los centros de salud para continuar sus campañas de hostigamiento. “Los comportamientos que hemos visto fuera de nuestras clínicas incluyen escupir, llamar 'asesinas' a las mujeres, gritar '¡mamá! ¡mamá!' a las mujeres cuando entran o salen, filmar o hacer fotografías, y entregar información médica falsa”, ha asegurado la directora de asuntos externos de la organización MSI Reproductive Choices, Louise McCudden, quien ha celebrado que las mujeres “por fin tendrán la protección que merecen”.

Protección para las mujeres

La llegada del Partido Laborista al poder tras las elecciones de julio ha acelerado la implementación de la medida tras meses en el cajón. “Durante demasiado tiempo, las clínicas abortistas han carecido de estas protecciones vitales, y este Gobierno está decidido a hacer todo lo posible para que este país sea un lugar más seguro para las mujeres”, ha asegurado la secretaria de Estado de Protección de la Infancia, Jess Phillips, a través de un comunicado. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados y tolerar el acoso, el abuso y la intimidación cuando las personas ejercen su derecho legal a la asistencia sanitaria, y por eso hemos acelerado esta medida para ponerla en marcha sin más demora”.

El Colegio de Policías y la Fiscalía de la Corona tienen previsto publicar en las próximas semanas las orientaciones necesarias “para garantizar la claridad y coherencia” en la aplicación del nuevo delito. Unas orientaciones que incluirán la prohibición de entregar panfletos dentro del radio definido, obstruir el paso a las mujeres que acuden a las clínicas o a los trabajadores, utilizar pancartas o recitar oraciones. El Gobierno también prevé prohibir el rezo silencioso, algo que no estaba incluido en las guías presentadas por el Ejecutivo conservador y que ha provocado las críticas de los grupos antiabortistas, que consideran que va en contra de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. 

Protestas antiabortistas

“La aplicación de los perímetros de seguridad el mes que viene significa que el apoyo práctico vital que prestan los voluntarios fuera de las clínicas abortistas, que contribuye a ofrecer una opción genuina, desaparecerá para las mujeres”, ha alertado Catherine Robinson, portavoz de la organización antiabortista Right To Life UK. “Es probable que se pierdan muchas más vidas a causa del aborto”, ha añadido. 

A pesar de las críticas, el Gobierno ha mostrado determinación a la hora de implementar definitivamente la medida más de un año después de la aprobación en el Parlamento. “Este Gobierno seguirá colaborando estrechamente con NHS England [el Servicio Nacional de Salud], los proveedores de servicios de aborto y el sector en general para garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios de aborto seguros y de alta calidad”, ha señalado la secretaria de Estado para la Seguridad de los Pacientes, Gillian Joanna Merron. La aplicación de la medida en Inglaterra y Gales se sumará a la implementación en Irlanda del Norte el año pasado y también en Escocia, donde entrará en vigor a finales de septiembre.

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