Las indemnizaciones por abusos que oculta la Iglesia: hasta 70.000 euros por un caso en 2022

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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La Conferencia Episcopal (CEE) y la Iglesia católica española nunca han querido revelar cuántas condenas judiciales han tenido por casos de pederastia del clero ni las indemnizaciones que han pagado, tanto en los tribunales como en acuerdos particulares. Son datos, como otros, que siempre han ocultado, pero sobre él arroja algo de luz la lista secreta con la gestión de los 806 casos admitidos por la Iglesia, revelada por este periódico y que se puede consultar en formato PDF al final de este artículo. Es la relación de denuncias reconocidas por diócesis y órdenes que redactó y filtró a los obispos Alfredo Dagnino, el topo de la CEE en la auditoría del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, luego despedido por ello. En ese informe, que recortaba el número de casos y dejaba fuera más de 300 ya reconocidos, se citan más de un centenar de condenas e indemnizaciones.

Su interés estriba en que son referencias para las futuras compensaciones que se ha comprometido a pagar la CEE, aunque no ha aclarado de momento qué baremos utilizará. Hasta ahora, cada orden o diócesis va por libre, según su criterio. Toda esta información, recopilada en el trabajo de Dagnino, desapareció del informe Para dar luz que la CEE publicó luego, el pasado mes de diciembre. El documento de los obispos, en realidad, asumió tal cual toda la contabilidad de casos del letrado y copió literalmente casi todo su texto, hasta las erratas, pero dentro de la opacidad habitual en la Iglesia española, ocultó todos los detalles relevantes sobre cada caso.

La lista secreta revela un caso muy reciente en la diócesis de Asidonia-Jerez de la Frontera, un acuerdo particular en 2022, en que el obispado medió entre la víctima y la orden de los marianistas, y que se saldó con un resarcimiento de 70.000 euros por abusos en el colegio de la orden en Jerez entre 1964 y 1976. Es uno de los más altos conocidos hasta ahora a una sola persona. El mayor que ha trascendido es de los jesuitas, según publicó EL PAÍS, que desembolsaron 72.000 euros a una víctima de Salamanca en 2002.

Las sumas son mayores en algunas sentencias judiciales, según recoge el estudio. La indemnización más alta que se conoce, si bien se trata de varias víctimas, es la impuesta al profesor del colegio agustino de Valdeluz, en Madrid, condenado en 2019 por el Supremo a 49 años de cárcel por abusar de 12 alumnas. La compensación fue de 142.000 euros, con responsabilidad civil subsidiaria del centro. Le sigue la condena del marista Joaquín Benítez en el colegio de Sants-Les Corts, en Barcelona, de 120.000 euros por abusar de cuatro alumnos entre 2006 y 2009 (60.000 a una víctima, 40.000 a otra y 10.000 a otras dos).

La Fundación Champagnat fue responsable civil subsidiaria, y la compañía de seguros de los maristas, responsable civil directa. Esos fueron los únicos casos que pudieron ser juzgados, pues no habían prescrito, de al menos 26 víctimas que acusaban de abusos a Benítez, de 1980 a 2011. Con otras 25 familias los maristas llegaron a un acuerdo por el que pagaron 353.000 euros, según datos de la orden, con indemnizaciones individuales que oscilaron entre los 4.000 y los 50.000 euros.

Si se consideran las compensaciones a una sola víctima, la mayor conocida es la dictada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha en 2022 contra el sacerdote J. L. G., un caso desvelado por este diario, que ascendió a 100.000 euros, sin que la Iglesia fuera considerada responsable civil subsidiaria. Aún está pendiente de resolución el recurso al Tribunal Supremo.

Es muy significativo que prácticamente ningún proceso canónico, cuando lo hay, contempla el pago de indemnizaciones. Solo algunas diócesis lo han hecho, por iniciativa propia, mediante acuerdos con la víctima, como la de Cartagena. En el resto de casos simplemente se aparta al acusado o se expulsa, pero no se compensa a la víctima. Hay no obstante algunos casos en que el acusado es condenado en vía canónica, pero no en los tribunales.

Por ejemplo, en uno de 2010 en Sevilla, el arzobispado comunica que el juzgado lo archivó por falta de pruebas pero, de forma incomprensible, fue suspendido a perpetuidad por “reconocimiento de los hechos por el victimario”. Hay más casos contrarios, absoluciones canónicas de casos que luego son condenados en los tribunales. Como uno en Córdoba de un sacerdote luego sentenciado a cinco años de cárcel por abusos a una niña de 10 años, denunciados en 2015. También ha sucedido en Guadix, Jaén y Ourense.

Gastos de terapia

En otros casos no hay indemnización, pero la diócesis corre con los gastos de terapia. En la de Cádiz y Ceuta constan al menos siete niñas víctimas de abusos en 2010 en una parroquia, otro caso desconocido y oculto. Se les ofreció tratamiento psiquiátrico y psicológico. Cinco lo aceptaron, y el obispado pagó 21.847 euros, “a razón de 800 euros al mes”. El obispado asegura que las víctimas no quisieron interponer denuncia. En esta diócesis sucedió lo mismo en 2008 con otros dos menores por abusos en casa de un sacerdote y que, según la entidad, prefirieron no denunciar: se les pagó 18.710 euros de terapia.

En la lista secreta emerge también la práctica de algunas diócesis de pagar la indemnización que los tribunales imponen a un sacerdote, a modo de préstamo, para luego irlo descontando de su sueldo. En la diócesis de Asidonia-Jerez, el obispado abonó la indemnización de un sacerdote, pero luego se le practicaron “retenciones mensuales en el salario”. Lo mismo en Pamplona, donde hay una condena de 50.000 euros “que asume el Arzobispado en forma de préstamo que le concede al sacerdote condenado, que lo reembolsa mensualmente”.

El obispado de Barcelona señala un caso en el que es el propio sacerdote agresor el que indemniza a la víctima: “Indemnización estipulada por acuerdo entre víctima y victimario (30.000 euros)”. Aun así, dentro de las numerosas contradicciones que encierra el sistema de clasificación de casos del informe, según su supuesta credibilidad, está catalogado como “no probado, pero verosímil”. Y aunque en la misma ficha del caso se dice: “Reconocimiento de los hechos por el sacerdote victimario”.

Hasta ahora, solo habían trascendido compensaciones de las diócesis en la investigación del Defensor del Pueblo, publicada en octubre de 2023. Apenas cuatro obispados las revelaron, y otras tres las admitieron sin aclarar la cantidad. Esas cuatro son Mallorca (30.000 euros), Tui-Vigo (44.000), Cartagena (47.000, 25.000 y 600) y Vitoria (5.000).

Condenas a la Iglesia en tribunales

En cuanto a las condenas que la Iglesia ha sufrido en los tribunales, en la lista secreta órdenes y diócesis admiten al menos 53, aunque el informe de Dagnino añade una búsqueda de sentencias en bases de datos judiciales que suma 67, aunque hay algunas absoluciones. De ellas, al menos 23 no figuran en la relación anterior. Es decir, hay obispados y congregaciones que no las han declarado, una prueba más de las lagunas del informe y su controvertida contabilidad de casos.

Por ejemplo, el Camino Neocatecumenal declara en el informe que no conoce ningún caso, pero una de las sentencias localizadas, de 2015, apunta: “Adulto se introduce en la Comunidad del Camino Neocatecumenal donde realiza actividades con jóvenes, de los que logra abusar sexualmente. 2 delitos de abuso sexual. 1 delito de exhibicionismo. 1 delito de exhibición de material pornográfico”. La condena fue de 14 años.

Hay más condenas judiciales que diócesis y órdenes han callado. La archidiócesis de Madrid no ha comunicado la del sacerdote Rafael Sanz Nieto de 2006, que impuso responsabilidad civil subsidiaria al arzobispado del cardenal Rouco. La archidiócesis de Valencia no cita entre sus 15 casos admitidos (con nueve “no probados”) ninguna condena con indemnización. Sin embargo, el informe luego menciona una de 2013 con responsabilidad civil subsidiaria del arzobispado de la ciudad con una indemnización de 58.000 euros.

El obispado de Albacete solo reporta dos casos, uno de EL PAÍS y otro de otra diócesis, pero en la recopilación de sentencias luego se señala una condena de 18 años de cárcel en 2021 a un sacerdote por abuso sexual a seis seminaristas menores de edad. Una de las ausencias más sorprendentes está en los agustinos: no mencionan entre sus casos la condena del colegio Valdeluz de Madrid, la mayor indemnización registrada.

Hay un caso especialmente llamativo en Ourense, porque el obispo duda de la neutralidad del fiscal en un caso y hace notar: “Se advierte expresamente sobre los problemas derivados de la actuación de la Fiscalía de Orense por falta de objetividad y de imparcialidad”. Aunque se trata de un cura denunciado dos veces y condenado, según registra el informe de Dagnino. Pero la diócesis reprocha: “Se informa sobre una actuación del Fiscal responsable de la llevanza de la acusación pública en causa que se reputa reprobable por supuesta falta de objetividad e imparcialidad por causa de la condición sacerdotal del imputado”.

El informe no revela de qué caso se trata, pero corresponde al párroco de Avión, Pablo Serafín E. D. La primera denuncia es de 2017, sobre hechos ocurridos en 2006, en las horas de catequesis. La sentencia de la Audiencia Provincial es de 2022, con una pena de 18 meses de multa, 2.700 euros.

La segunda denuncia llegó después. Cuando el caso fue publicado en prensa apareció una nueva víctima que denunció abusos cuando era monaguillo en la parroquia y surgieron otros afectados. En la gestión de la diócesis emerge, como en muchos otros casos, una doble cara en la atención a las víctimas. Por un lado, se anota: “Se brinda a todos escucha, acompañamiento y acogida”. Pero por otro, sobre el juicio canónico paralelo al sacerdote se señala: “Voto exculpatorio del obispo diocesano por considerar que no podía reputarse verosímil la denuncia. Se aducía un móvil económico”.

Un plan “integral” aún sin definir

Hasta ahora, la única cifra aproximada que se conocía de lo que la Iglesia había pagado emergía de la base de datos de EL PAÍS, a través de los casos publicados y resoluciones judiciales: al menos 2,1 millones de euros a 230 víctimas que sufrieron abusos de 53 pederastas desde 1991. Es decir, solo un 8,8% de las 2.608 víctimas que figuran en este momento en la base de datos de este periódico. Las cuantías desembolsadas oscilan entre los 675 euros y los 72.000 euros. La media resultante es de 10.000. Pero el monte total que ha pagado la Iglesia es mayor, a la luz de la nueva información, pues muchos casos eran desconocidos hasta ahora. Este diario incorporará próximamente los nuevos casos a su base de datos.

El pago de indemnizaciones es un tema que preocupa a los obispos. Si se compara con lo que ha sucedido en otros países, la factura en España puede ser millonaria. Las cifras en el extranjero van de un mínimo de casi 6.000 euros que ha pagado la Iglesia de Bélgica de media, a los 62.245 que ha desembolsado la de Irlanda, el país con los resarcimientos más elevados. Con esta horquilla, y con el más del millar de casos que ya admite la CEE, en España supondría pagos de entre seis millones y 62 millones de euros.

Los procesos para indemnizar varían de un país a otro. En Irlanda, por ejemplo, el Gobierno creó una Comisión de Reparación que instauró un criterio basado en la gravedad del abuso y sus secuelas. Los pagos mínimos partieron de 50.000 euros y, en cinco categorías, hasta los 300.000. La comisión atendió a 15.594 víctimas. Pagó, en total, 970 millones de euros, con un promedio de 62.245 por víctima, el más alto de los países analizados. La indemnización más alta fue de 300.500 euros.

Un modelo similar es el que ha propuesto el Defensor del Pueblo en su informe, un fondo estatal para subsanar los pagos y en el que deba colaborar la Iglesia. Y una comisión independiente que vigile el proceso. La Conferencia Episcopal, no obstante, se ha negado. Los obispos prefieren un procedimiento propio. De momento, no han anunciado un baremo de cuánto pagarán, tan solo que lo harán a través de una “comisión nacional de arbitraje”, que estudiara cada denuncia.

Este “plan integral de reparación” está condicionado a los casos que la Iglesia considere probados, que según su informe Para dar luz son mínimos. De los 1.057 que, a fecha de hoy, la Conferencia Episcopal registra de forma oficial —la cifra se ha ido actualizando las últimas semanas tras el escándalo de la ocultación de denuncias por parte de los obispos—, solo admite como “probados” y “no probados, pero verosímiles”, un total de 358. Es decir, la Iglesia española solo cree a tres de cada 10 víctimas, si te toman como referencia los casos que admite. Pero ese porcentaje es aún menor si se compara con el total de los casos realmente conocidos, según la base de datos de EL PAÍS, que en este momento registra 1.460 acusados y 2.608 víctimas. En ese caso el porcentaje sería de dos de cada 10 víctimas.