El último suspiro de la Monarquía: la crisis de la dictadura de Primo de Rivera

El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República española, un régimen político que pretendía modernizar el país y superar las desigualdades sociales, económicas y culturales que lo lastraban. Sin embargo, este proyecto se vio frustrado por la oposición de las fuerzas conservadoras, la polarización ideológica, la inestabilidad institucional y la violencia política, que desembocaron en el estallido de la Guerra Civil en 1936.

¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué factores propiciaron el cambio de régimen y qué dificultades encontró la República para consolidarse? ¿Qué reformas se llevaron a cabo y qué resistencias se generaron? ¿Qué papel jugaron los actores sociales y políticos en este proceso? Estas son algunas de las preguntas que se plantean en el libro La Segunda República, coordinado por Rubén Buren, y publicado por Pinolia.

El libro recoge una serie de artículos escritos por expertos e investigadores que analizan con rigor y amenidad los principales acontecimientos que definieron la época republicana, desde el declive de la monarquía hasta el inicio de la guerra. Cada capítulo ofrece una visión multidisciplinar y actualizada de los temas más relevantes, como el bienio reformista, el voto femenino, la reforma agraria y educativa, el movimiento obrero y sindicalista, el auge del comunismo, el nacionalismo periférico, la cuestión religiosa, el golpe de Estado de 1936 y la reacción popular.

El libro pretende ofrecer al lector una comprensión profunda y crítica de los cimientos de la España contemporánea, así como de los desafíos y dilemas que aún hoy plantea la memoria histórica. Para ello, se basa en fuentes documentales, testimonios, imágenes y datos estadísticos que ilustran y contextualizan los hechos narrados.

Si deseas descubrir más, te ofrecemos en rigurosa exclusiva el primer capítulo de una obra que no te dejará indiferente.

Fin de la Monarquía: el ocaso de la dictadura de Primo de Rivera. Escrio por José Luis Hernández Garví

Como capitán general de Cataluña, el 13 de septiembre de 1923 Primo de Rivera redactó un manifiesto en el que exigió asumir el poder para acabar con la corrupción de la clase política. El general reforzó el contenido de su proclama sacando las tropas a la calle ante la tibia reacción de los miembros del Gobierno y de sus compañeros de armas, que no opusieron una resistencia organizada a sus intenciones golpistas. El rey Alfonso XIII, que desde un primer momento apoyó de manera entusiasta el pronunciamiento, reclamó la presencia de Primo de Rivera en Madrid para entregarle el poder en bandeja. De esta forma, el soberano selló el destino de la monarquía con un grave error político que le costaría el trono. 

Consolidado en la jefatura de Gobierno, el general declaró el estado de guerra, suspendió las garantías constitucionales y nombró un Directorio militar presidido por él mismo, órgano al que encomendó la tarea de llevar a cabo toda una serie de reformas que, en teoría, debían regenerar la vida política del país. Tras tomar varias medidas dirigidas al mantenimiento del orden público, buscó un acercamiento a los socialistas, tal vez con la intención de sentar las bases de un equilibrio de fuerzas que garantizase la estabilidad del país. A cambio de su colaboración, Primo de Rivera les prometió contar con ellos para intervenir en la solución de los conflictos sociales, compromiso que se cumplió con la entrada de Largo Caballero en el Consejo de Estado y la participación de los socialistas en los Comités Paritarios, base de la Organización Corporativa Nacional (OCN), una institución creada por la dictadura para regular las relaciones y las condiciones laborales en los centros de trabajo. 

Autoridad militar y represión

En noviembre de 1923, Primo de Rivera acompañó al rey en la visita que realizó a Italia. Allí tuvo la oportunidad de entrevistarse con Mussolini, encuentro que puso de manifiesto las intenciones políticas del dictador español. A su regreso a España, el general renovó sus críticas contra el régimen parlamentario y acometió una reforma de las instituciones locales que supuso la disolución de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, sustituidos por juntas de vocales en un proceso tutelado por la autoridad militar del que saldrían elegidos los nuevos alcaldes y concejales. En materia de orden público, la represión se centró contra elementos comunistas y, sobre todo, anarquistas, que fueron objeto de una implacable persecución con el fin de acabar con su implantación social entre las clases más desfavorecidas. 

En el plano militar, Primo de Rivera nunca ocultó su deseo de renunciar a la presencia española en el norte de África, opinión que le granjeó el recelo, cuando no el odio y el desprecio, de la mayoría de los africanistas, mandos y oficiales que se habían curtido en las duras campañas africanas. Decidido a poner fin a la constante sangría del conflicto colonial, el dictador dio vía libre al desembarco de Alhucemas, ambiciosa operación anfibia desarrollada a partir del 8 de septiembre de 1925 que permitió la pacificación definitiva de la región. 

Este éxito militar aumentó la popularidad de Primo de Rivera, animándolo a continuar detentando el poder. Al mismo tiempo, el dictador intentó poner en marcha un régimen de partido único al fundar en 1924 la Unión Patriótica, formación política bajo la cual tal vez albergó el deseo de seguir llevando las riendas del país por tiempo indefinido. A finales de 1925, nombró un Directorio civil integrado por destacadas personalidades, que sustituyó al anterior de carácter militar. Este organismo debía consolidar las reformas emprendidas y ofrecer una imagen de estabilidad. Algunos han interpretado ese gesto como un intento del general por desarrollar una transición que sirviera de paso previo a la celebración de una ronda de consultas para elaborar una nueva Constitución, lo que a su vez prepararía el terreno para su retirada en medio del reconocimiento general como un salvador de la patria. 

Durante la primera etapa de la dictadura, Primo de Rivera también se vio favorecido por una situación económica pujante, de la que se sirvió para intentar sacar a España de su atraso decimonónico y acercarla en términos de desarrollo a sus vecinos europeos. En aquellos años se aprobó un ambicioso plan de construcción de grandes infraestructuras públicas que incluía el trazado de nuevas carreteras, líneas de ferrocarril y obras hidráulicas, programa que se complementó con la creación de monopolios estatales como el de CAMPSA, la estabilización de la peseta y el saneamiento de la Hacienda pública. 

A pesar de ciertos logros, la contestación política al régimen se hizo oír con voces cada vez más fuertes que manifestaban abiertamente su oposición a que siguiera gobernando. En este sentido, Primo de Rivera tuvo que enfrentarse a numerosos sectores en todo el espectro, desde la derecha supuestamente más afín a sus postulados hasta la izquierda más combativa; esta posición anuló el papel que supuestamente debía jugar la Unión Patriótica, acusada además fundadamente de corrupción, circunstancia que fue minando paulatinamente el apoyo popular al dictador. La personalidad paternalista del general, vehemente y carente de la necesaria formación política, le llevó a actuar casi siempre movido por intuiciones o impulsos que, en la mayoría de los casos, le hicieron improvisar sobre la marcha, lo que motivó que muchas de sus decisiones resultasen equivocadas, aumentando la oposición de las personalidades e instituciones afectadas por las mismas. 

En la cuerda floja

Enfrentado a los intelectuales (algunos de ellos condenados al destierro, como en el sonado caso de Unamuno), los estudiantes, la prensa —sujeta a una férrea censura—, la clase obrera y destacados elementos conservadores y militares, Primo de Rivera estaba cavando su propia tumba política. En medio de un clima de desatada hostilidad contra él, no es de extrañar que muchos de los que hasta entonces habían apoyado al general le dieran la espalda. Desde 1926 se multiplicaron las intentonas de espadones dispuestos a apartarle del poder, al mismo tiempo que veía fracasar algunos de sus proyectos políticos más importantes, como la puesta en marcha de una Asamblea Nacional. En política exterior, el aislamiento internacional de España se vio agravado con la retirada de nuestro país de la Sociedad de Naciones. Todos estos reveses le llevaron a caminar por la cuerda floja, en un ejercicio que presagiaba su caída inminente. 

Abandonado por todos, Primo de Rivera presentó finalmente su dimisión ante el rey el 28 de enero de 1930, renuncia que fue aceptada. El monarca, uno de sus principales valedores en el pasado, se había apresurado a cambiar de opinión en un torpe intento por mantenerse en el trono. Al día siguiente, el general hizo pública la que fue denominada «nota oficiosa»; en realidad, un manifiesto de despedida con el que intentó justificar su forzada salida. El jueves 30 de enero, Alfonso XIII firmó el Real Decreto por el que aceptaba la dimisión del dictador como presidente del Consejo de Ministros. El final político, y también personal, de Primo de Rivera se había consumado. 

Tras la caída del dictador, el rey recurrió al general Dámaso Berenguer, hombre de su confianza y jefe de la Casa Militar del monarca, al que encomendó la tarea de formar gobierno. Sin pérdida de tiempo, el nuevo Ejecutivo se constituyó el mismo 30 de enero de 1930, con la vista puesta en transmitir una sensación de normalidad ante un exaltado estado de opinión que amenazaba con descontrolarse en cualquier momento. 

La «Dictablanda», nombre por el que fue conocido popularmente este corto periodo político, se caracterizó por iniciar su andadura lastrada por los errores cometidos por Primo de Rivera. Los gestos de buena voluntad y conciliación desplegados por Berenguer no consiguieron apenas calmar los ánimos de aquellos que reclamaban el advenimiento de la República, y las escasas esperanzas depositadas en su labor de gobierno no tardaron asimismo en esfumarse con el paso de las semanas. 

En un intento desesperado por recuperar cierta estabilidad, el general Berenguer prometió la convocatoria de elecciones generales. Sin embargo, su propuesta fue rechazada de plano por la mayoría de los partidos, que habían sido descabezados por la acción represora de la dictadura de Primo de Rivera. La inestabilidad social, alentada por las organizaciones sindicales, se tradujo en un aumento de la contestación en la calle y en un agravamiento de los disturbios y la violencia política. 

En materia territorial, la disolución de la Mancomunidad de Cataluña, ordenada en 1925 por Primo de Rivera, había provocado un sentimiento de frustración de los deseos de autonomía. Esta institución, promovida por Enric Prat de la Riba, líder de la Lliga Regionalista, agrupó a las cuatro diputaciones regionales en un ente único de carácter asambleario que se constituyó a principios de 1914. Durante la dictadura de Primo de Rivera también se impuso en Cataluña la obligatoriedad del uso del castellano como lengua única, al mismo tiempo que se ordenó el cierre de todos los centros catalanistas. Estas prohibiciones, mantenidas por el Gobierno del general Berenguer, tuvieron un efecto contrario al deseado, espoleando los sentimientos nacionalistas y aumentando las aspiraciones republicanas en Cataluña. 

En los cuarteles, la situación no era mejor. A las opiniones reaccionarias de los militares que exigían que las autoridades les concedieran carta blanca para imponer el orden por la fuerza, se oponían las de una corriente republicana en las fuerzas armadas que se mostraba firmemente partidaria de poner fin a una monarquía que había cometido errores imperdonables. La amnistía concedida por el Gobierno de Berenguer a los condenados por los delitos de rebelión y sedición de intentonas anteriores tampoco surtió el efecto esperado y los militares republicanos siguieron conspirando para acabar con una situación que consideraban que estaba durando demasiado. 

Decididos a instaurar la II República en España, el 17 de agosto de 1930 se reunieron en la ciudad de San Sebastián los líderes de los principales partidos políticos de tendencia republicana. Tras una jornada de debates a puerta cerrada en la que no se tomó constancia escrita de los acuerdos alcanzados, los reunidos adoptaron por unanimidad una postura conjunta, que estableció una hoja de ruta con los pasos para alcanzar su principal objetivo político. Al día siguiente del encuentro, se publicó una retórica Nota oficiosa en la que se pasaba por encima sobre las resoluciones tomadas. En el mismo documento — carta de presentación del que acabaría siendo conocido como Pacto de San Sebastián— también se hacía un llamamiento al resto de organizaciones políticas y sindicales, y muy en especial al PSOE y la UGT, para que se sumasen al acuerdo, como así ocurrió poco después, en octubre de 1930. 

En el documento presentado bajo el título Otros pormenores, que Indalecio Prieto añadió a la Nota oficiosa, se hacía referencia expresa al problema catalán como una de las cuestiones sobre las que más se había discutido en la reunión. Finalmente, se llegó a un consenso sobre la base de la futura presentación a unas Cortes Constituyentes de naturaleza republicana de un Estatuto de Autonomía para Cataluña que debía ser sometido a referéndum para su aprobación, proyecto que podía hacerse extensible a todas aquellas regiones que también tuvieran aspiraciones autonomistas. 

Mientras los republicanos movían ficha, el general Berenguer se mostró incapaz de reaccionar a tiempo para evitar lo que la mayoría consideraba ya como un proceso imparable. Su proyecto de convocatoria de unas elecciones generales, previstas para el 1 de marzo de 1931, había nacido muerto desde el principio. 

Preparativos para la caída del Rey

Las Cortes que debían salir de los comicios no iban a tener carácter constituyente ni capacidad para reformar la Constitución de 1876, que supuestamente continuaba vigente a pesar de los desmanes dictatoriales permitidos por un monarca cada vez más aislado. No es extraño que Berenguer no encontrase los apoyos necesarios, ni siquiera entre los partidos monárquicos, para sacar adelante su frustrada iniciativa política. 

El contexto parecía el propicio para la caída de la monarquía por su propio peso y la proclamación de la II República, pero fue entonces cuando los republicanos incurrieron en el error de la precipitación provocada por la vehemencia de los más exaltados, impacientes por alcanzar una meta que veían al alcance de la mano. 

Del Pacto de San Sebastián surgió el compromiso de la formación de un comité revolucionario que debía acelerar los preparativos para organizar una huelga general en todo el país, acompañada por un golpe encabezado por militares republicanos, medidas de fuerza que debían precipitar el fin de la monarquía. Sin embargo, los planes fracasaron debido a la falta de coordinación entre los distintos actores y a las prisas de unos pocos. La Sublevación de Jaca del 12 de diciembre de 1930 se adelantó al pronunciamiento en los cuarteles, previsto para el día 15 del mismo mes, y el paro en todo el país no llegó a convocarse. 

El comandante Ramón Franco —el hermano díscolo que tantos quebraderos de cabeza daría a Francisco Franco— se mantuvo fiel a los planes iniciales y el 15 de diciembre participó en la toma del aeródromo madrileño de Cuatro Vientos. Pilotando su propio avión, dio varias vueltas sobre el Palacio Real con la intención de bombardearlo, pero desistió en el último momento cuando detectó la presencia de civiles en los alrededores. Tras el fallido golpe de Estado, al héroe de la aeronáutica española —había sido el primer piloto en la Historia en completar una travesía sobre el Atlántico Sur desde España hasta Buenos Aires— no le quedó más remedio que volar hasta Portugal en busca de refugio. 

Triunfo de las candidaturas republicanas

El fracaso de la intentona y la represión ordenada por las autoridades de la Dictablanda obligó a la mayoría de los líderes republicanos al exilio o a la clandestinidad. Enfrentado a una opinión pública que pedía su cabeza y desbordado por los acontecimientos, el 14 de febrero de 1931 Berenguer presentó ante el rey su dimisión y la del su Gobierno. En su huida hacia delante, Alfonso XIII encargó al almirante Aznar la formación de un nuevo ejecutivo. Pero, ante las presiones, el Gobierno anunció la convocatoria de unas elecciones municipales para el 12 de abril, comicios previos a unas generales de las que saldrían unas Cortes Constituyentes que debían buscar una solución al papel que debía representar la figura del rey y la situación en Cataluña. 

Desde un primer momento, la mayoría de las formaciones se plantearon las elecciones municipales como un plebiscito sobre la monarquía. Cuando se hizo evidente el triunfo de las candidaturas republicanas en las principales capitales (puesto en duda por recientes investigaciones, que han extendido la sombra de un posible fraude en los resultados), el 14 de abril de 1931 muchos de los alcaldes electos proclamaron la Segunda República desde los balcones de las casas consistoriales de todo el país. Esa misma noche, Alfonso XIII condujo su propio coche hasta el puerto de Cartagena, donde se embarcó rumbo a un exilio dorado. Fue entonces cuando el comité revolucionario asumió las funciones de Primer Gobierno Provisional de la II República.